Asociación contra los inquiokupas: “Nos manifestamos contra la paralización de los desahucios, es ahora o nunca»

La inseguridad jurídica, la ocupación ilegal y los impagos prolongados han dejado a miles de propietarios en España sin protección efectiva frente a abusos legales. Kathy Díaz, portavoz de APROVIJ (Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica), lidera una iniciativa que busca revertir el Real Decreto-ley 11/2020, cuya prórroga ha intensificado el malestar del colectivo. En esta entrevista con idealista/news, Díaz explica las razones que impulsan la manifestación convocada para el 11 de enero, el impacto económico y emocional de la inquiokupación y las medidas urgentes que exigen al Gobierno para restaurar la seguridad jurídica y el respeto por la propiedad privada. ¿Qué es la asociación contra la inquiokupación y cuál es su principal objetivo? APROVIJ (Asociación de Propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica) es una organización sin ánimo de lucro que representa y defiende los derechos de los propietarios frente a la inseguridad jurídica y el impacto de normativas como el Real Decreto-ley 11/2020. Fundada por 14 propietarios que financiaron la asociación con sus propios recursos, APROVIJ busca garantizar un equilibrio justo en el mercado del alquiler, proteger la propiedad privada y denunciar situaciones que vulneran los derechos de los dueños de inmuebles, como la okupación y los impagos prolongados. La asociación trabaja activamente para visibilizar los problemas de los propietarios, promover cambios legislativos y unir a personas afectadas por las mismas injusticias. Además, organiza iniciativas como concentraciones y entrega de escritos a representantes políticos, siempre con un enfoque constructivo y respetuoso. El próximo día 11 de enero se llevarán a cabo manifestaciones en distintas ciudades de España ¿Qué les ha llevado a convocar esta huelga? El pasado 23 de diciembre, el Gobierno anunció la prórroga del RD 11/2020 por un año más. Esta decisión, que debe ser ratificada en el Congreso, representa un ataque directo a los propietarios, quienes seguimos cargando con el peso de una medida injusta e ineficaz. «APROVIJ se manifiesta contra el Real Decreto 11/2020: ‘Es ahora o nunca para los propietarios desprotegidos» Es ahora o nunca. La urgencia de esta concentración radica en la necesidad de alzar nuestra voz y exigir que los partidos políticos rechacen esta prórroga. No podemos seguir siendo el escudo social de un sistema que no ofrece soluciones habitacionales reales ni respeta nuestros derechos. ¿Qué esperan lograr con esta movilización? Esperamos que escuchen al propietario, que deroguen el RD 11/2020 y que entiendan que ya estamos hartos de ser utilizados como escudo social. Basta de cargar al propietario con las consecuencias de una gestión injusta y desequilibrada. ¿Qué aspectos de la legislación consideran que no protegen a los propietarios frente a inquilinos morosos y okupas? Primero, la suspensión de lanzamientos a favor de inquilinos vulnerables, que permite que inquilinos que alegan «vulnerabilidad» eviten ser desalojados aunque no paguen alquiler. No existe un control efectivo para verificar la autenticidad de la vulnerabilidad ni un límite temporal claro para esta suspensión. Segundo, la falta de compensación a los propietarios. Las compensaciones económicas son insuficientes, tardías o, en muchos casos inexistentes. El proceso para solicitarlas es burocrático y no garantiza un reembolso justo por los impagos o daños ocasionados. «La falta de compensaciones, la suspensión de desahucios y los interminables procesos judiciales agravan la indefensión de los dueños de inmuebles» Tercero, la lentitud del proceso judicial para recuperar tu vivienda. Los procesos legales para desalojar a inquilinos morosos ( inquiokupas) son extremadamente largos y costosos para los propietarios, incluso demostrando impagos continuados, puede durar años causando un perjuicio económico y psicológico significativo. Por último, la protección de okupas frente a propietarios. Estos tienen más derechos prácticos que los propietarios, quien debe probar su titularidad y presentar denuncias que tardan años en resolverse. En conclusión, la legislación actual no solo desprotege a los propietarios, sino que incentiva el abuso del sistema, fomenta la inseguridad jurídica y desalienta el mercado del alquiler. Esto resulta en menos oferta de viviendas y precios más altos, afectando tanto a propietarios como a inquilinos honestos. ¿Cuánta gente creen que participará en la huelga y cómo han organizado la convocatoria? La convocatoria se ha realizado principalmente a través de redes sociales, y contamos con un grupo de Telegram  donde estamos organizándonos. Además, el apoyo de los medios que nos dan voz es fundamental para amplificar nuestra causa. Sin embargo, existe el temor de que la asistencia no alcance nuestras expectativas. Muchos propietarios viven con el miedo de ser denunciados por coacciones, lo que podría alargar aún más los procesos judiciales. Esta indefensión paraliza a muchos y les impide salir a la calle a reclamar sus derechos. “La manifestación del 11 de enero es solo el comienzo: la derogación del RD 11/2020 es una prioridad innegociable para los propietarios” Por otro lado, también enfrentamos el reto de llegar a las personas mayores que no usan redes sociales y, por lo tanto, no reciben la información sobre la convocatoria. Es crucial superar estos obstáculos para demostrar que los propietarios ya no vamos a quedarnos callados. ¡Necesitamos que todos se unan y que nuestra voz se escuche más fuerte que nunca! ¿Qué reformas legales proponen para mejorar la situación de los propietarios? En primer lugar, la derogación de RD 11/2020 que es el causante de lo mencionado anteriormente, y estamos trabajando con abogados que nos ayuden a crear cambios legislativos al respecto, estamos trabajando en ello pero la premisa ahora es dar difusión a la concentración y vamos trabajando en varias vías,  ¿Podría compartir un par de casos prácticos recientes que reflejen la problemática que denuncian? Pilar, jubilada y residente en A Coruña, lleva casi cinco años atrapada en una pesadilla con su inquiokupa. Una mujer de 40 años, perfectamente capacitada para trabajar, ocupa su propiedad, generando deudas que ahora han llevado al embargo de la pensión de Pilar para cubrir los impagos de agua.  Lo más indignante: a esta mujer ya se le ofrecieron tres alternativas habitacionales, pero las rechazó porque “no eran de su agrado”. Nadie la obligó a aceptar ninguna solución. Además, ha llegado a exigirle 10.000 euros a cambio de devolverle las llaves de su propia casa. Mientras tanto, la justicia sigue ignorando las peticiones